El Gobierno aprueba el proyecto de reforma de la Ley de Dependencia: más prestaciones y menos burocracia

 

El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al proyecto de ley que modifica la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y, en paralelo, también a la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Con esta aprobación del proyecto, se pone en marcha la tramitación parlamentaria del texto.

Principales modificaciones

Entre los principales cambios, se introduce el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para quienes obtengan el grado I de Dependencia. Además, se incorpora que las personas con un grado II o III podrán ser reconocidas con un 65% de discapacidad.

Otra incorporación destacada es la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. Las administraciones deberán aplicar medidas tanto físicas como cognitivas, incluyendo lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo.

Se elimina el régimen de incompatibilidades de las prestaciones de dependencia y se suprime el plazo suspensivo de hasta dos años en las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.

El nuevo marco extiende el servicio de ayuda a domicilio más allá de las tareas del hogar, permitiendo que las personas cuidadoras acompañen a los usuarios en actividades como acudir al médico o hacer la compra.

Asimismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, reconociendo oficialmente a personas allegadas como cuidadores, una medida pensada especialmente para quienes viven solos o con otros convivientes.

La teleasistencia se convierte en un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia. El texto eleva su estatus legal, aclarando que no puede considerarse como prestación única, sino que debe complementarse con otros apoyos. También se permitirá su acceso a residentes en centros de mayores.

El catálogo de servicios se amplía con propuestas como cuidados en viviendas compartidas, préstamo de productos de apoyo (sillas de ruedas eléctricas, camas articuladas, andadores, asistentes de voz), y servicios de asistencia personal.

La reforma también consagra nuevos derechos: las personas usuarias podrán elegir las prestaciones que reciben, decidir su entorno de residencia y tendrán derecho a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas o farmacológicas. Además, se garantiza atención sanitaria a todas las personas dependientes, sin importar si viven en una residencia o en su hogar.

Otra innovación es que las personas con grado II o III podrán recibir una prestación o servicio transitorio que responda a sus deseos y situación mientras esperan por el recurso que les corresponde. Por ejemplo, si solicitan plaza en una residencia sin disponibilidad inmediata, podrán contar con ayuda domiciliaria adaptada a su grado.

También se flexibiliza la compatibilidad entre servicios y el acceso al empleo, y se da mayor protagonismo a los centros de día, definidos ahora como "un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio". Esto permitirá que estos centros ofrezcan apoyo en los hogares o espacios comunitarios a quienes vivan cerca.

En caso de fallecimiento de la persona en situación de dependencia, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se extenderá hasta el último día del mes del deceso como "un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan".

La ley también hace hincapié en la necesidad de contar con trabajadoras con condiciones laborales dignas y estables. Según el Ministerio, el sistema requerirá al menos 260.000 profesionales más para 2030 para garantizar su viabilidad.

Además, se agiliza la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) con procesos menos burocráticos, e introduce un procedimiento de urgencia para los casos de especial vulnerabilidad. También se establece que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad tras la capacidad económica.

En el ámbito de la discapacidad, el texto desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, reconociendo la accesibilidad universal como un derecho exigible en cualquier instancia. Se prevé la creación de un Programa Estatal que financiará actuaciones necesarias como instalación de rampas o códigos QR para audiodescripción.

Respecto al sector privado, se propone una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que obligará a las administraciones a facilitar ayudas para obras de accesibilidad en edificios. Se baja del 75% al 70% la financiación mínima exigida para las comunidades de vecinos.

En cuanto a los servicios públicos, se asegura que las Juntas Arbitrales de Consumo garanticen procedimientos accesibles para todos.

Finalmente, la normativa establece que cualquier tecnología utilizada en el sistema —desde la teleasistencia hasta sensores o inteligencia artificial— deberá respetar la autonomía de las personas. Quedan expresamente prohibidas las prácticas coercitivas o involuntarias no justificadas, como internamientos por razón de discapacidad, y se refuerzan las garantías legales ante estas situaciones.

Según el ministerio de Derechos Sociales, con este proyecto de reforma se pretende sentar las bases para que las comunidades autónomas coordinen sus servicios sociales y sanitarios, logrando así una atención integral y evitando situaciones como las que se vivieron durante la pandemia en algunos centros residenciales, pasando de centrar la atención en la gestión de las plazas de un sistema residencial, a atender las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas.

Fuente: Noticias Jurídicas

No podemos decir que no a una persona dependiente

 

 “No podemos decirles que no”. 

La ayuda a personas en situación de dependencia en sus propios domicilios asfixia a los ayuntamientos porque los municipios se ven obligados a pagar la asistencia en el hogar pese a que la Ley de Dependencia establece que debe ser costeada por los gobiernos central y autonómico, expone Sonia Vizoso en el diario El País. 

Por ejemplo, cita Vizoso que en Vimianzo, municipio coruñés de la Costa da Morte con 7.000 habitantes, en el que el 30% de sus vecinos superan ya los 70 años, esta asistencia domiciliaria se lleva la séptima parte de todo el presupuesto municipal.

Fuente: El País.

Política pública de Igualdad en Valladolid

 

 

1.       Política pública de Igualdad en la ciudad de Valladolid

Valladolid es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tiene una población de 300.000 habitantes, en la que el 53% son mujeres y el 47% hombres. La política pública municipal de Igualdad se articula orgánicamente en torno a la concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad y, en concreto, a través del Centro Municipal de Igualdad. Estos órganos desarrollan estas políticas a través de la implementación de dos instrumentos de planificación:

•  El VI Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género (2021-2025).

•  Y el Primer Plan Municipal de Conciliación y Concienciación (2020).

 

El VI Plan de Igualdad

El objetivo principal de este Plan es seguir avanzando para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, para lo cual se pretende a través de sus acciones eliminar los obstáculos que la impiden y dificultan, así como mejorar la prevención y asistencia en relación con la violencia de género.

Este Plan Municipal se estructura en tres áreas:

•  Área 1: Igualdad entre mujeres y hombres.

•  Área 2: Contra la Violencia de Género.

•  Área 3: Coordinación y Colaboración.

Dentro de estas tres áreas genéricas varias Líneas de actuación concretan las medidas a realizar:

•  Línea 1.1. "Promoción de la Igualdad de género"

•  Línea 1.2. "Educación y Cultura para la igualdad"

•  Línea 1.3. "Deporte, salud, movilidad y medio ambiente con enfoque de género".

•  Línea 1.4. "Participación Social y Empoderamiento de las Mujeres"

•  Línea 1.5. "Empleo y Calidad de Vida"

•  Línea 2.1. "Prevención de la violencia de género"

•  Línea 2.2. "Asistencia a las Victimas".

•  Línea 3.1. “Actuación municipal contra la Violencia de Género

 

El Primer Plan de Conciliación

Mucho más interesante y concreto me parece el Plan de Conciliación. Son objetivos de este Plan los siguientes:

• Desarrollar recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado de las personas dependientes: para atender a menores, mayores, personas enfermas y personas con discapacidad o en situación de dependencia.
• Fomentar la reorganización de los tiempos y espacios de trabajo y ocio: con el fin de favorecer la conciliación.
• Sensibilizar sobre el establecimiento de herramientas organizativas laborales: con la finalidad de permitir a las personas trabajadoras desarrollarse en diferentes ámbitos de su vida, sin priorizar el familiar y el profesional.
• Fomentar la modificación de los roles domésticos de la sociedad actual.

Este Plan de Conciliación se desarrolla en cinco áreas de actuación que abarcan los aspectos esenciales de la conciliación y la corresponsabilidad:

• Área 1. Atención a los cambios socioeconómicos y culturales, destinada a fomentar la conciliación vida personal, familiar y laboral.
•       Área 2. Potenciación de los servicios y espacios municipales de atención a las personas.
• Área 3. Optimización del tiempo, pretende potenciar el cambio cultural en los usos del tiempo.
• Área 4. Intervención coordinada e integral, busca una gestión e implementación coordinada del Plan.
• Área 5. Generación de conciencia y comportamiento social corresponsable, fomenta la participación proactiva de todos los agentes sociales.

 

2.       Análisis de esta política pública: roles, recursos y representación.

El Plan de Igualdad impacta en los roles de género con medidas tales como las actuaciones de promoción de la igualdad de género, la educación para la igualdad, el enfoque de género en ámbitos tan diversos como el deporte, la salud, la movilidad, el empleo o el medio ambiente, así como el empoderamiento de las mujeres a través del fomento de su participación social.

Pero como ya señalé antes, me parece mucho más interesante a este respecto el Plan de Conciliación.

En efecto, el Plan de Conciliación impacta mucho más de lleno, en mi opinión, en los roles de género, puesto que su objetivo primordial es transformar los valores que generan y reproducen las desigualdades de género mediante el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad. Por ejemplo, aunque el 47% de la ciudad son hombres, solo el 15% de las excedencias laborales concedidas para el cuidado de familiares mayores o dependientes son solicitadas por ellos, dato que desciende acusadamente hasta el 5% cuando hablamos de excedencias para el cuidado de hijos e hijas.

Estos son tan solo dos muestras de las situaciones que pretende modificar el Plan de Conciliación a través de ejes de actuación tales como los siguientes:

• Reorganización de los tiempos de trabajo: para favorecer la conciliación.
• Promoción de servicios de atención: para el cuidado de menores y otros colectivos como personas mayores o personas en situación de dependencia.
• Coordinación y cooperación con los agentes sociales: reforzando el compromiso con la conciliación corresponsable.
• Sensibilización e información: dirigida tanto a la ciudadanía en general como a las organizaciones laborales.

En cuanto a los recursos, la política pública articulada en torno a estos dos Planes cuenta con el Centro Municipal de la Igualdad, que pone a disposición de las mujeres el acceso igualitario a recursos económicos, materiales o de otro tipo para ellas y para conseguir alcanzar los objetivos de igualdad y conciliación de estos Planes.

Y en lo que respecta a la participación, ambos Planes buscan fomentar la participación social y el empoderamiento de las mujeres a través de numerosas medidas. Sin embargo, no se encuentran evidencias de la participación que hayan tenido las mujeres de la ciudad en la elaboración y redacción de estas políticas. Tampoco aparecen reflejados órganos de seguimiento en los que expresamente participen mujeres o asociaciones representativas. 

  

3.       Impacto y resultados de esa política pública

Ambos Planes carecen de evidencias de una previa evaluación de resultados cuantitativos de las políticas públicas de Igualdad desarrolladas hasta la actualidad, aunque son numerosos los indicadores de seguimiento previstos en los Planes. Por el contrario, sí que se refieren a la igualdad y la violencia de género en Valladolid en términos genéricos, pero sin concretarlos para Valladolid.

4.       Puntos fuertes y debilidades de la política municipal de Igualdad

Entre las fortalezas de esta política pública destacaría:

·   Continuidad: estamos ante el sexto Plan de Igualdad

·    Innovación: se ha iniciado el Primer Plan de Conciliación

·    Estructuración orgánica: a través de una consejería y un centro para la igualdad

·    Herramientas: desde el Centro Municipal de Igualdad se elaboran campañas, materiales, acciones, etc.

Entre las debilidades o áreas de mejora:

·   Ausencia de evidencias de evaluaciones de los resultados de los anteriores Planes.

·   Como consecuencia de lo anterior los Planes parecen redactados sin tener en cuenta los resultados conseguidos o no alcanzados.

·   Falta de evidencias de participación de mujeres y de sus asociaciones representativas en los órganos de seguimiento de los Planes.

·    Ausencia de información en la web municipal, en especial en el apartado de Transparencia, sobre el grado de cumplimiento actual de los Planes vigentes.

 

Ingreso Mínimo Vital y mujeres

 

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social, pero de carácter no contributivo, dirigida tanto a unidades de convivencia como a personas solas.

Desde una perspectiva de género, en el IMV destacan aspectos tales como:

• La posibilidad de poder ser recibido el IMV por personas individuales facilita su disfrute por mujeres que vivan solas, lo que favorecerá su independencia económica, su empleabilidad, su incorporación al mercado laboral y la posibilidad de no depender económicamente de otra persona.

• Se exime del cumplimiento de determinados requisitos (p.ej. edad mínima) a las mujeres víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata y/o explotación sexual.

• La compatibilidad del IMV con las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia beneficia mayoritariamente a mujeres, como consecuencia de la conocida "feminización de los cuidados", es decir, el hecho de que la mayor parte de quienes  cuidan de las personas mayores, o en situación de dependencia o de personas discapacitadas, son las madres, esposas e hijas. Incluso los cuidados profesionales se encuentran mayoritariamente prestados por mujeres que, además, en buena parte son extranjeras, quienes también pueden beneficiarse del IMV cuando lo necesiten.

• El IMV refuerza económicamente a las familias monoparentales. Es un hecho conocido que la monoparentalidad aumenta el riesgo de pobreza y que casi el 90% de estos hogares están encabezado por una mujer, lo que informalmente se denomina "monomarentalidad".

• El Ministerio de Inclusión calcula que de los 850.000 hogares que se beneficiarán de esta ayuda de IMV cuando esté plenamente implantada, el 16% serán monoparentales y, como he comentado antes, la inmensa mayoría cuentan con una mujer al frente.

En definitiva, si la finalidad del IMV es ser una última red de asistencia que ayude a salir de la situación de pobreza y evite el riesgo de pobreza, facilitando la redistribución de la renta y la inclusión e inserción en el mercado laboral, esta prestación favorece así preferentemente a las mujeres, sobre todo, a las que vivan independientemente o se encuentren a cargo de hogares monoparentales.

Experiencia de aprendizaje sobre igualdad

 

Hoy he comenzado una nueva experiencia de aprendizaje dinamizada sobre igualdad entre mujeres y hombres, organizada por el INAP.

Muy interesado, como siempre, en la formulación, implantación y evaluación de políticas públicas, espero conocer más en detalle las políticas españolas, europeas y de distintas organizaciones internacionales sobre esta materia, así como su aplicación real en nuestras Administraciones.

Algo que me ha llamado la atención de esta actividad es la atractiva metodología formativa, participativa e innovadora a la vez. 

¡Veremos que va saliendo! Seguro que algo muy interesante.

El Congreso aprueba la Ley del Ingreso Mínimo Vital

 

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, ya de manera definitiva, el ingreso mínimo vital que el Gobierno puso en marcha hace un año y medio por decreto, así como las modificaciones pactadas por PSOE y Unidas Podemos para tratar de agilizar su cobro y cubrir a más familias vulnerables. 

La ayuda lleva en vigor desde mediados de 2020, pero el Gobierno ha tenido que reformarla en varias ocasiones por su farragoso diseño, que ha impedido que muchas familias que teóricamente tendrían derecho a percibirla no la hayan recibido de manera efectiva. 

Ahora se incluirán en el BOE nuevos cambios destinados a agilizar el cobro del ingreso mínimo y a aumentar su número de beneficiarios reales, tales como las siguientes:

- Hasta 100 euros más por hijo a cargo.

- Las prestaciones por dependencia no computarán.

- La reducción del número de años de vida independiente que se exigen para percibir la ayuda: de tres a dos.

Fuente: Daniel Ríos, 20 minutos, vía msn.

Ingreso Mínimo Vital entre personas sin hogar

 

La “Fundación Hogar Sí” ha presentado una investigación sobre el Ingreso Mínimo Vital en la que indaga sobre los mecanismos que impiden o dificultan a las personas sin hogar poder acceder al IMV.

Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan las siguientes:

·        El IMV no llega ni a un tercio de las personas sin hogar. Solo al 26% de los encuestados.

·         Lo han solicitado únicamente el 76% de las personas sin hogar.

·         El 46% de quienes no lo han solicitado fue por falta de información o por no saber cómo hacerlo.

·         La cuantía media percibida por estas personas es tan solo de 371€.

·         El 68% considera, en consecuencia, que el IMV no aumenta su autonomía vital.  

Este estudio valora el IMV como “una medida clave y necesaria” largo tiempo esperada y plantea también una serie de propuestas para mejorar esta política pública, tales como:

·         Simplificar los documentos a aportar.

·         Mejorar la coordinación de las diferentes Administraciones.

·         Una red de oficinas de atención exclusiva a asuntos del IMV.

·         Vías de solicitud y comunicaciones no exclusivamente electrónicas

·         Denegaciones detalladamente motivadas, no sólo manifestando la causa, sino también justificando la denegación.

Puedes descargar aquí el estudio completo.

Las personas mayores, más protegidas como consumidoras

Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Entre los colectivos de consumidores que se identifican como especialmente vulnerables en esta norma, me quiero detener especialmente a contemplar uno en concreto: las personas mayores.

Afirma la exposición de motivos de este Real Decreto-ley que "las personas mayores son uno de los grupos más numerosos de consumidores en España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de enero de 2020, hay 9.278.923 personas de 65 o más años para un total de población española de 47.332.614, lo que supone un 19,6 % del total de la población. 

En muchas ocasiones, factores que pueden estar asociados a la edad, como el estado de salud, el desfase generacional o el nivel sociocultural, influyen en la posibilidad de las personas mayores para desenvolverse como personas consumidoras en igualdad de condiciones, principalmente en la sociedad de la información actual. 

Además, las personas mayores enfrentan en ocasiones barreras relacionadas con la forma en que se genera o proporciona la información en las relaciones de consumo, incrementándose el riesgo de que puedan ser inducidas a error, así como barreras relacionadas con prejuicios y estereotipos asociados a la edad. 

Este desfase generacional que puede afectar a sus relaciones de consumo se observa, por ejemplo, respecto al consumo on line, puesto que el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa por debajo del 60%, muy lejos del 83,1% del total de la población mayor de 16 años, de acuerdo con datos del INE. 

Asimismo, se visibiliza cómo la vulnerabilidad también tiene un componente transversal de género, puesto que en España las mujeres cuya edad está comprendida entre los 65 y los 99 años constituyen el 57% frente a los hombres. 

Además, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto de las Mujeres, las mujeres de edad avanzada viven solas con más frecuencia que los hombres, tienen ingresos más bajos, sufren, en mayor medida, enfermedades crónicas, y tienen peor percepción subjetiva de su salud y calidad de vida".

En definitiva, con este Real Decreto-ley se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable y, entre ellas, las personas mayores, hombres y -en especial- mujeres de edad avanzada viviendo solas, que deberán ser objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como de empresas privadas en las relaciones de consumo.

Ingreso Mínimo Vital

Una de las novedades legislativas del pasado año 2020 fue la creación por el Gobierno español de un Ingreso Mínimo Vital. 

El Ingreso Mínimo Vital se configura como una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, que va acompañada de estrategias de inclusión dirigidas a la inserción de los perceptores de esta prestación en el mercado laboral. 

El Ingreso Mínimo Vital tiene como principales objetivos:

- erradicar la pobreza extrema

- la inclusión social de sus beneficiarios 

- redistribución de la renta y 

- la integración el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Según las estimaciones iniciales del ministerio de Inclusión, la nueva prestación podría alcanzar a 850.000 hogares beneficiarios, en los que vivirían más de 2,3 millones de personas. Sin embargo, a finales del año 2020, seis meses después de su implantación, solo había alcanzado a 160.000 hogares con unas 460.000 personas. Por ello, el ministerio se ha comprometido a estudiar las modificaciones que sean necesarias "para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad que identificamos antes del desarrollo de la norma".

El Ingreso Mínimo Vital contempla una amplia tipologías de hogares, en función del número de miembros y de si son monoparentales, y establece un nivel de renta garantizada diferente para cada tipo de hogar. Así, el ingreso mínimo garantizado en 2020 a los hogares unipersonales es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se estableció un coeficiente adicional por cada miembro del hogar, hasta los 12.184 euros en el caso de hogares con numerosos miembros.

Pero lo más trascendente, en mi opinión, es que el Ingreso Mínimo Vital pretende ser algo más que una mera prestación económica, convirtiéndose en toda una política social más allá de la mera ayuda monetaria. Para ello, se pretenden desarrollar "estrategias de inclusión", que aún no se han producido, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Estas "estrategias de inclusión" permitirían a las personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, contar con incentivos a la contratación, lo que les facilitaría el transito de una situación de pobreza o riesgo de pobreza a otra bien distinta de inclusión en el mercado laboral y en la sociedad, dejando así de necesitar recibir esta prestación económica.

Como colofón, también se creó un "Sello Social", que aún no ha sido efectivamente puesto en marcha, para las empresas que ofrezcan formación y empleo a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

Tercer Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado

 

El Boletín Oficial del Estado de hoy, 1 de enero, ha publicado el III Plan para la igualdad de género en la AGE.

Entre los objetivos del Plan figuran los de:

Medir para mejorar

Cambio cultural

Transversalidad de género (integración de la perspectiva de género en el trabajo del personal de la AGE)

Detección temprana y abordaje integral de situaciones especialmente vulnerables

Ejes del Plan

Las medidas del Plan se encuentran articuladas en seis ejes de actuación :

• Eje 1. Medidas instrumentales para una transformación organizativa.
• Eje 2. Sensibilización, formación y capacitación.
• Eje 3. Condiciones de trabajo y desarrollo profesional.
• Eje 4. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
• Eje 5. Violencia contra las mujeres.
• Eje 6. Interseccionalidad y situaciones de especial protección.
  

Medidas

El III Plan desarrolla 68 medidas de carácter transversal:

El Eje 1 presenta medidas innovadoras y de calado para promover un cambio estructural favorable a la igualdad entre mujeres y hombres. Destacan la realización de estudios y boletines informativos con perspectiva de género; fortalecimiento de la red de Unidades de Igualdad y su coordinación; inclusión efectiva de la perspectiva de género en la producción normativa a través de informes de impacto de género idóneos; desarrollo de un Protocolo contra el Acoso sexual y el Acoso por razón de sexo que haga de la AGE un espacio libre de violencia de género.

El Eje 2 se incluye el diseño de un Plan Integral formativo en igualdad y el desarrollo de herramientas metodológicas para su total expansión; e insiste en la sensibilización en el personal de la AGE.

El Eje 3 tiene como fin captar y retener talento femenino, promoviendo el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres, creando las condiciones que faciliten el logro de la eliminación de la brecha retributiva de género.

El Eje 4 pretende avanzar en la materia ya iniciada en planes anteriores, apostando por la corresponsabilidad.

El Eje 5 consta de medidas de gran potencia para erradicarla violencia contra las mujeres, mediante la formación, sensibilización y elaboración de directrices y medidas para apoyar y proteger a la víctima.

El Eje 6 incorpora, por primera vez, una propuesta de actuación frente a diferentes formas de desigualdad o discriminación contra las mujeres que pudiera darse en el seno de la AGE, exhibiendo el carácter innovador y avanzado de este Plan.

Evaluación

El Plan incorpora indicadores de para conocer tanto el grado de ejecución como la eficacia de sus medidas.

Entrevista en Gestiona Radio

Gestiona Radio me entrevistó en 2015 para hablar de todo lo que se hace en el Imserso.

Aquí está el enlace a la entrevista:

https://www.facebook.com/imserso/posts/entrevista-en-gestiona-radio-a-rafael-beitia-adjunto-al-director-general-del-ims/341909852673102/

Comisión de análisis de la Dependencia

Durante 2017 fui, tras Isabel Herranz, secretario de la Comisión para el Análisis de situación de la Ley de Dependencia.

El informe que elaboró la comisión se encuentra publicado aquí:

Los trabajos de la Comisión duraron varios meses y sus conclusiones principales fueron las siguientes:

1. Situación actual del Sistema de Dependencia a 31 de agosto de 2017: Beneficiarios con derecho: 1.226.738 Beneficiarios con prestación efectiva: 915.929 Lista de espera: 310.809 Coste del sistema a 31 de diciembre de 2016: 7.986 millones de €.

2. El SAAD ha cumplido 10 años de intensa experiencia. La crisis económica dificultó enormemente su implantación como consecuencia de la grave crisis financiera y presupuestaria de las Administraciones Públicas que debían ponerlo en marcha. Por este motivo el nivel de lista de espera que todavía se mantiene, casi dos años después de la entrada en vigor de la retrasada aplicación de la Ley para el Grado I, sigue siendo excesivo. Sin embargo es justo reconocer que la mayoría de los principales indicadores de gestión del SAAD muestran en la actualidad una evolución positiva. La lista de espera de personas beneficiarias pendientes de prestación viene mostrando un descenso paulatino desde la total implantación del Grado I en el mes de Julio de 2015, aunque supera el 25% y cuantitativamente alcanza las 310.809 personas a 31 de agosto de 2017.

3. El SAAD tiene un sistema propio de  financiación que se conforma a través de tres vías: a) Aportaciones de la Administración General del Estado: nivel mínimo y nivel acordado b) Aportaciones de las Comunidades Autónomas. No obstante, al hablar del Sistema habrá que tener en cuenta no solo las partidas presupuestarias que las mismas fijan en su presupuesto para tal fin, sino que deben incluir las partidas presupuestarias que otras administraciones públicas, con delegación o competencia transferidas legalmente establecidas, dedican a la atención de personas dependientes, contribuyendo e incorporando importantes fondos para el sostenimiento de los distintos sistemas territoriales de atención a la dependencia. c) Participación de las personas beneficiarias de las prestaciones, en función del tipo y coste de la prestación y de su capacidad económica personal.

4. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y sucesivos, han venido suspendiendo la obligación de la AGE de suscribir convenios con las Comunidades Autónomas para el establecimiento del nivel acordado, aun cuando ha sido reiteradamente solicitado por estas. Por lo tanto, todas las CCAA representadas en esta comisión consideran que es necesario encontrar el modo de recuperación de las cuantías de este nivel de financiación.

5. La Ley 39/2006 establece que las personas dependientes han de participar en el coste de los servicios del Sistema, según su capacidad económica, y que ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos, lo que refuerza la idea del derecho subjetivo. Aunque en ningún caso se determina un porcentaje de aportación específico que deban aportar al Sistema se considera que, con los niveles actuales, no cabe exigir una mayor participación del beneficiario en el Sistema de la Dependencia, a la que ya está establecida con carácter general en el Sistema. No obstante cualquier variación en los criterios que supusiese una disminución de su aportación debería conllevar la correspondiente valoración del impacto económico para garantizar la sostenibilidad del Sistema.

6. El aplicativo de gestión SISAAD en su nueva versión ha venido ocasionando diversos problemas, superado el periodo previsto para su implantación, que han dado lugar a cambios en aspectos tales como funcionalidades o permisos de perfiles, entre otros, que dificultan el acercamiento entre la realidad de los datos de los gestores de expedientes propios de cada Comunidad Autónoma, con lo reflejado en los datos estadísticos del Imserso, por lo que se debe acometer una serie de mejoras que acerquen estas cifras. Una de las mejoras a incorporar se centra en la necesidad de que algunas resoluciones, como las que determinan la incorporación en la lista de espera de servicio público o una resolución de PEVS condicionada a la contratación de un servicio privado acreditado, o cualquier otra que no implique la financiación del Estado, se puedan contemplar en el aplicativo de gestión como resueltos para que en la estadísticas que se obtengan en los cruces de datos aparezca la información real sobre la situación del expediente.

7. Se plantea la necesidad de la revisión del modelo estadístico para adaptarlo a las necesidades actuales de información. Se considera imprescindible disponer de referencias poblacionales para conocer el verdadero grado de cobertura del SAAD. En este sentido dos indicadores necesarios son: personas beneficiarias con prestación reconocida sobre población y personas beneficiarias con prestación reconocida sobre población potencialmente dependiente. También, se requiere información sobre la distribución de las personas beneficiarias por grado de dependencia. Así mismo, es necesario un mayor conocimiento de las aportaciones de las personas usuarias a la financiación del Sistema, del coste de los servicios y avanzar en la unificación y mejora de criterios para la emisión de los certificados acreditativos de la aportación de las comunidades autónomas para la financiación del SAAD.

8. En esta misma línea es recomendable realizar un esfuerzo de simplificación de las normas relacionadas con el Sistema mediante la redacción de un único Reglamento de desarrollo y ejecución de la LAPAD.

9. El sistema de dependencia ha de caminar hacia un sistema basado en servicios, respetando la voluntad de las personas en situación de dependencia. El sistema de financiación tendrá en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación. En el cálculo de estos costes hay que tener en cuenta también la situación de aquellas Comunidades Autónomas que por las características de su territorio, dispersión geográfica, insularidad y otros factores, presentan mayores dificultades para la prestación de servicios.

10.En la elaboración del presente informe se han puesto de manifiesto determinadas dificultades de carácter técnico a la hora de valorar la realidad económica que se produce alrededor de la gestión económica del SAAD. Dada la gran capacidad del SAAD para la creación de empleo, tanto directo como indirecto, y la importancia de los retornos económicos que la actividad económica genera tanto a través de las cuotas a la Seguridad Social de las personas que trabajan en el Sistema, como mediante la recaudación vía impositiva (IRPF, IVA, IS), es muy conveniente que se encargue un estudio, para conocer ambas magnitudes y valorar su incidencia en el Sistema, así como para apoyar la toma de decisiones sobre el propio sistema de financiación.

11.Es necesario elaborar un profundo análisis desde una perspectiva de género que preste especial atención a la gestión de los cuidados en el entorno familiar, comprobando si en el desarrollo de la Ley 39/2006 se están teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales, o por el contrario, si se están reforzando los clásicos roles que por cuestiones de género se asignan en el sistema patriarcal. Así mismo, es importante que se consideren las necesidades específicas de las mujeres que reciben los cuidados, puesto que son mayoría entre la población con situación de dependencia reconocida.

12.Sería el momento oportuno de realizar una revisión de la Ley que aproveche la experiencia acumulada en la gestión, adapte sus mecanismos a la demanda de los ciudadanos, flexibilice sus estructuras para mejorar su capacidad de respuesta a los nuevos problemas sociales, mejore su encaje en el marco del sistema público de Servicios Sociales y garantice la sostenibilidad del Sistema. Dada la importancia de los objetivos fijados se propone por esta Comisión que en el Seno de la Comisión Delegada se inicien los trabajos de la revisión en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la presentación del presente informe en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

13.En el marco de la Ley 39/2006, la única vía de financiación afectada al SAAD que existe en la actualidad (tras la suspensión del nivel acordado en 2012) la constituye el nivel mínimo de protección que corresponde a la AGE y representa entre el 17% y el 21% del coste total de las prestaciones. En el momento actual y tras 10 años de vigencia de la Ley, se hace necesario que los órganos competentes en el proceso de revisión de la financiación autonómica estudien, en el menor plazo posible, las cantidades aportadas por cada Administración implicada con el fin de analizar la equivalencia en los esfuerzos financieros realizados de cada Administración desde la puesta en marcha del SAAD. A la vista del resultado de dicho estudio, las CCAA integrantes de esta Comisión entienden que resulta absolutamente imprescindible la reconsideración del sistema de financiación actual, manteniendo su naturaleza finalista, con el fin de garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas, la sostenibilidad del Sistema, la recuperación que procediera y la equivalencia de los esfuerzos financieros de la AGE y de las CCAA, logrando equiparar las aportaciones de los financiadores públicos, máxime cuando se ha considerado necesario por esta Comisión una revisión en profundidad de la Ley 39/2006, en base a la experiencia acumulada y con el fin de adaptarla a las demandas de la ciudadanía, todo ello en el marco de un Sistema de financiación de carácter finalista. En cualquier caso las CCAA presentes en esta Comisión consideran, en base al presente informe, que en el momento actual resulta imprescindible, para la sostenibilidad del Sistema, la recuperación de la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad a la reforma de la Ley operada en 2012, lo antes posible y teniendo en cuenta que la economía española se encuentra en una fase de consolidación del crecimiento y creación de empleo. Así mismo, en los próximos años ambas administraciones deben avanzar en adecuar los recursos destinados a la dependencia, en particular, en un contexto de envejecimiento de la población y previsible crecimiento del número de personas en situación de dependencia.

Programa de Desarrollo Profesional para Mujeres

He tenido la suerte de participar, entre bambalinas, en la preparación de los contenidos del curso denominado Programa de Desarrollo Profesional para Mujeres, impartido la pasada semana para empleadas públicas de la Junta de Castilla y León.

Los objetivos del Programa han sido:

• Desarrollar en las participantes las habilidades necesarias para mejorar su desempeño profesional y contribuir a eliminar el techo de cristal que, en ocasiones, impide a las profesionales acceder en condiciones de igualdad con el resto de sus compañeros, a puestos directivos.

• Desarrollar las habilidades personales necesarias para actuar en el entorno profesional.

• Trabajar sobre habilidades y competencias de relación interpersonal como base de preparación para poder asumir nuevos retos y responsabilidades.

• Adquirir las competencias y habilidades técnicas necesarias que complementen la mejora efectiva del desempeño profesional.

Más de 20 mujeres han participado en este Programa. Durante las sesiones se han tratado temas tales como:

• Habilidades personales: Inteligencia emocional, gestión del estrés y gestión del tiempo.

• Habilidades de relación interpersonal: Trabajo en equipo, persuasión e influencia y gestión del conflicto.

• Habilidades técnicas: Planificación y organización, así como creatividad e innovación.

Las asistentes han realizado una valoración muy positiva del Programa, de su practicidad, amenidad y utilidad para su desarrollo profesional.

El rol de la mujer trabajadora

Hace unos días participé en la preparación del curso "El Rol de la Mujer Trabajadora" impartido durante esta semana a empleadas públicas de la Junta de Castilla y León.

Esta innovadora acción formativa ha analizado las dificultades que tiene la mujer a la hora de ejercer su rol en el contexto laboral.

La ponente ha podido aportar herramientas relacionales que permitan a las mujeres desempeñar más fácilmente sus funciones profesionales, con especial incidencia en el ejercicio del liderazgo por parte de la mujer en el ámbito laboral.

Dirección y Liderazgo en Centros Residenciales

Ha comenzado hoy el curso "Dirección y Liderazgo en Centros Residenciales", organizado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuya preparación y desarrollo de sus contenidos he participado activamente.   

El curso, con una duración de 25 horas, se encuentra dirigido conocer el papel de la función directiva y de liderazgo, conocer el valor estratégico de la comunicación y de las relaciones interpersonales, así como a adquirir habilidades de comunicación y de solución de problemas básicas para la dirección y el liderazgo de los equipos.

El programa de esta acción formativa incluye:

1. La naturaleza del escenario de la función directiva.
2. Importancia estratégica de la función directiva y de liderazgo en el desarrollo, potenciación y motivación de los equipos de los Centros.
3. Estrategias básicas para la dirección de los equipos de los Centros.
4. Habilidades básicas de comunicación y de solución de problemas para dirigir y potenciar al equipo.
5. Estrategias comunicativas para afrontar con eficacia situaciones difíciles de la tarea directiva.

Los destinatarios de la formación son directores y responsables de Centros residenciales de la Gerencia de Servicios Sociales.

El curso se desarrolla en el Centro Regional de Formación y Estudios Sociales (CREFES), dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

Segundo Plan de Servicios Sociales de la Diputación de Valladolid

Desde noviembre de 2009 a junio de 2010, colaboré con la Diputación Provincial de Valladolid en la redacción de un borrador de base para la elaboración, por la institución provincial, del II Plan de Servicios Sociales.

Los trabajos partieron, en el año 2009, de una evaluación de la política pública de acción social en la provincia, con especial énfasis en el análisis de resultados del I Plan de Acción Social.

Posteriormente, se crearon cinco grupos de trabajo -en los que tuvieron la posibilidad de participar todos los empleados públicos del Área de Servicios Sociales- que se enfocaron en el análisis y propuesta de acciones en las siguientes áreas:

Grupo 1. Desarrollo de los procesos estratégicos

Grupo 2. Despliegue del proceso operativo de información y orientación

Grupo 3. Proceso operativo de apoyo a la persona, familia y convivencia, Carta de Servicios y participación

Grupo 4. Despliegue del proceso operativo de animación y desarrollo de la comunidad

Grupo 5. Despliegue de los procesos de soporte

Finalmente, durante los meses de marzo a junio de 2010, con base en las conclusiones alcanzadas por los grupos, se ha procedido a la redacción de un primer borrador de II Plan de Servicios Sociales de la Diputación de Valladolid, que fue sometido a la consideración de distintos grupos de interesados que pudieron formular aportaciones, alcanzándose así -a finales del mes de junio- la redacción del borrador definitivo del Plan.