Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Entre los colectivos de consumidores que se identifican como especialmente vulnerables en esta norma, me quiero detener especialmente a contemplar uno en concreto: las personas mayores.
Afirma la exposición de motivos de este Real Decreto-ley que "las personas mayores son uno de los grupos más numerosos de consumidores en
España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de
enero de 2020, hay 9.278.923 personas de 65 o más años para un total de población
española de 47.332.614, lo que supone un 19,6 % del total de la población.
En muchas
ocasiones, factores que pueden estar asociados a la edad, como el estado de salud, el
desfase generacional o el nivel sociocultural, influyen en la posibilidad de las personas
mayores para desenvolverse como personas consumidoras en igualdad de condiciones,
principalmente en la sociedad de la información actual.
Además, las personas mayores
enfrentan en ocasiones barreras relacionadas con la forma en que se genera o
proporciona la información en las relaciones de consumo, incrementándose el riesgo de
que puedan ser inducidas a error, así como barreras relacionadas con prejuicios y
estereotipos asociados a la edad.
Este desfase generacional que puede afectar a sus
relaciones de consumo se observa, por ejemplo, respecto al consumo on line, puesto que
el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa por
debajo del 60%, muy lejos del 83,1% del total de la población mayor de 16 años, de
acuerdo con datos del INE.
Asimismo, se visibiliza cómo la vulnerabilidad también tiene un componente transversal
de género, puesto que en España las mujeres cuya edad está comprendida entre los 65 y
los 99 años constituyen el 57% frente a los hombres.
Además, de acuerdo con información
proporcionada por el Instituto de las Mujeres, las mujeres de edad avanzada viven solas
con más frecuencia que los hombres, tienen ingresos más bajos, sufren, en mayor medida,
enfermedades crónicas, y tienen peor percepción subjetiva de su salud y calidad de vida".
En definitiva, con este Real Decreto-ley se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las
personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable y, entre ellas, las personas mayores, hombres y -en especial- mujeres de edad avanzada viviendo solas, que deberán ser
objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como de empresas
privadas en las relaciones de consumo.