Ingreso Mínimo Vital

Una de las novedades legislativas del pasado año 2020 fue la creación por el Gobierno español de un Ingreso Mínimo Vital. 

El Ingreso Mínimo Vital se configura como una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, que va acompañada de estrategias de inclusión dirigidas a la inserción de los perceptores de esta prestación en el mercado laboral. 

El Ingreso Mínimo Vital tiene como principales objetivos:

- erradicar la pobreza extrema

- la inclusión social de sus beneficiarios 

- redistribución de la renta y 

- la integración el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Según las estimaciones iniciales del ministerio de Inclusión, la nueva prestación podría alcanzar a 850.000 hogares beneficiarios, en los que vivirían más de 2,3 millones de personas. Sin embargo, a finales del año 2020, seis meses después de su implantación, solo había alcanzado a 160.000 hogares con unas 460.000 personas. Por ello, el ministerio se ha comprometido a estudiar las modificaciones que sean necesarias "para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad que identificamos antes del desarrollo de la norma".

El Ingreso Mínimo Vital contempla una amplia tipologías de hogares, en función del número de miembros y de si son monoparentales, y establece un nivel de renta garantizada diferente para cada tipo de hogar. Así, el ingreso mínimo garantizado en 2020 a los hogares unipersonales es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se estableció un coeficiente adicional por cada miembro del hogar, hasta los 12.184 euros en el caso de hogares con numerosos miembros.

Pero lo más trascendente, en mi opinión, es que el Ingreso Mínimo Vital pretende ser algo más que una mera prestación económica, convirtiéndose en toda una política social más allá de la mera ayuda monetaria. Para ello, se pretenden desarrollar "estrategias de inclusión", que aún no se han producido, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Estas "estrategias de inclusión" permitirían a las personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, contar con incentivos a la contratación, lo que les facilitaría el transito de una situación de pobreza o riesgo de pobreza a otra bien distinta de inclusión en el mercado laboral y en la sociedad, dejando así de necesitar recibir esta prestación económica.

Como colofón, también se creó un "Sello Social", que aún no ha sido efectivamente puesto en marcha, para las empresas que ofrezcan formación y empleo a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital.